El Public Management (PUMA) de la OCDE
El Servicio de Gestión Pública, mejor conocido como PUMA (Public Management, por sus siglas en Inglés), evalúa y asesora a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) --cuya sede se encuentra en Paris, foto de la derecha--- sobre las mejores prácticas y políticas relacionadas con el desempeño de sus gobiernos y administraciones públicas.
Su objetivo central consiste en lograr un gobierno de calidad, y a ello se enfocan las actividades del PUMA, ya que es una alta prioridad para la OCDE. Se reconoce de esa manera el impacto que el desempeño gubernamental tiene en los ámbitos económico, social y político de los países miembros. Para la OCDE, un gobierno eficaz, transparente y comprometido con sus poblaciones, es el pilar para alcanzar un desarrollo sustentable.
El PUMA es un foro en el que los encargados de la administración pública de los países miembros discuten e intercambian de manera abierta: ideas y experiencias que enriquecen el debate sobre esta cuestión y contribuyen al desarrollo de metodologías confiables para una mejor toma de decisiones.
Las actividades del PUMA están orientadas a lograr un sector público dinámico, que permita responder a los retos de los gobiernos y que asegure la instrumentación de políticas públicas efectivas y eficientes. Entre sus funciones están: a) el seguimiento de nuevos resultados en la administración; b) lograr que la administración y las funciones del Estado sean efectivas; c) Aprovechar y administrar mejor los recursos; y d) avanzar en la reforma regulatoria.
La OCDE en el proceso de modernización administrativa
Los reportes elaborados por el PUMA de la OCDE han cobrado interés teórico y práctico para los interesados en las cuestiones relacionadas con la modernización administrativa. Abordan la gestión pública de los países y su modificación como instrumento de la nueva gobernabilidad, del nuevo papel del Estado en las sociedades postindustriales y postmodernas y la búsqueda de respuestas a las demandas de la sociedad civil.
La globalización económica trajo aparejada la transformación de la gestión pública de los países, justificada con el juicio de que el modelo tradicional del Estado-nación había entrado en crisis. Eso suponía la creación de un nuevo modelo de formulación y aplicación de las políticas públicas, de los poderes públicos y una nueva relación con los ciudadanos. Este juicio ha probado no ser todo lo certero que se pensaba, pues ante la crisis económica que ya afecta al mundo, los Estados nacionales se han vuelto más indispensables que nunca: concurriendo a salvar a los bancos y aseguradoras para intentar dar viabilidad al mercado capitalista. En la misma unidad europea se imponen las políticas nacionalistas de los Estados capitalistas, en detrimento de la unidad y la globalidad.
Se decía que la gestión pública de los países estaba en tránsito hacia un modelo postburocrático, y que dicha gestión debía orientarse hacia una nueva cultura, hacia la legitimación de la acción pública en virtud de los resultados o performances, esto es, en la atención a las demandas ciudadanas, en la calidad en el servicio, y en la satisfacción de los ciudadanos. Organismos como la OCDE se orientaban a "repensar" el papel del Estado-nación, a su "redefinición" y "reorientación" desde el punto de vista de sus intereses.
Ante la crisis económica de los países desarrollados seguramente la OCDE tendrá que repensar el papel del Estado nacional, pero en sentido inverso al que habían venido pensando hasta hace poco. Recientemente el Presidente del Banco Mundial llamó a los gobiernos del Grupo de los 7 (G-7) integrado por: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, ha ampliarse respetando la soberanía de los Estados en la planeación de la política económica. Propuso incluir en ese selecto grupo a países como: México, Brasil, Rusia, China, India, Arabia Saudita y Sudáfrica; la razón es clara: estos países concentran el 70 % de la riqueza mundial y la mayor parte de las fuentes energéticas. Se formaría entonces el Grupo de los 14 (G-14).
Los estudios, como bien lo reconoce la OCDE, no se pueden reducir al aspecto tecnocrático, al margen del entorno social-nacional e internacional. La gestión pública se debe abordar a partir de una visión politológica de los países, de los procesos de decisión, de formulación, de prácticas y evaluación de las políticas públicas y de exigencia de responsabilidades. Una nueva cultura cívica deber tender a la legitimación no sólo por el ejercicio, sino también por los resultados, la transparencia, y el control democrático de las instituciones públicas.
En el marco de la dimensión politológica de la gestión pública, pueden ser incluidos temas como la gestión de recursos humanos, el uso de la informática o la gestión presupuestaria.
Un tema de especial interés para la OCDE es la calidad de la reglamentación en los países. Proponían que los Estado nacionales abordar con espíritu crítico las pretensiones de los organismos internacionales para modificar la normatividad orientada a la apertura del mercado internacional, así como la privatización y la concentración externa, desde el interés nacional. Hoy en día esta es una tarea todavía más necesaria.
La agrupación de país en bloques, motivado por los interesas del capital trasnacional, tiene el interés de crear mercados protegidos para sus productos, servicios y actividades bursátiles, esto ha permitido la existencia de asociaciones supranacionales tales como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el Mercado Común Europeo, etc. Esta situación condujo a un cambio sustancial en las instituciones del Estado, a nuevas relaciones del Estado-nación con los órganos supranacionales, a una nueva gobernabilidad y de gestión pública, lo que dio lugar a una transformación radical con los consecuentes desajustes nacionales.
Las naciones y sus Estados se volvieron más interdependientes, en un proceso de homogeneización" de los países periféricos a los países hegemónicos, de medición y valoración de los resultados a través de la evaluación de la gestión pública. Se le arrancó al Estado su papel de protagonista directo y lo convirtieron cada vez más en una especie de supervisor, cada vez más alejado de la vida económica y social, sujeto a los mandatos de la organización.
Los reportes
El Ministerio de Administraciones Publicas de la OCDE ejerce control mediante distintos mecanismos, uno de ellos son los llamados reportes, que tienen las siguientes características:
1) Los informes de las organizaciones internacionales no abordan los procesos de descentralización política o territorial, sino que se centran en el análisis de la descentralización funcional o por servicios y en los procesos de desconcentración y de delegación de facultades de los órganos centrales a los periféricos, pero siempre en el contexto de la administración estatal.
2) No existen suficientes consideraciones críticas de los procesos de integración regional o internacional (Unión Europea, Tratado de Libre Comercio, y de sus consecuencias).
3. Se concede poca o nula importancia a la incidencia de los medios de comunicación en la vida pública.
4. Lo mismo ocurre con el papel de los partidos políticos existentes en cada país y su contribución al proceso de transformación del Estado y de la gestión pública.
5. Por último, tampoco se concede suficiente importancia al movimiento sindical y asociativo de los empleados públicos, de su resistencia al cambio y del papel fundamental que tienen como promotores activos de los procesos públicos.
El modelo postburocrático
El modelo que pretende alcanzar la OCDE para la sociedad actual se basa en la filosofía de la postmodernidad; ofrece un nuevo modelo: el modelo postburocrático.
La OCDE crítica el modelo desarrollado por los Estados Unidos considerándolo formalista y de orientación weberiana. Distingue el concepto "administración pública", consagrado en el mundo latino, y dice que hace referencia a las instituciones públicas. En cambio, el concepto "gestión pública" que propone sería superior al anterior ya que estaría orientado: a) la acción pública, b) los modos y técnicas de actuación, c) recursos empleados y d) los resultados obtenidos. En países tales como, Inglaterra, España y Francia prefieren hablar de gestión pública, en lugar de administración pública.
El modelo postburocrático critica la modernidad de la administración pública y la tacha como obsoleta. Defiende la diferencia, la innovación y el cambio. Es desconstructivista, esto es, somete a crítica todos los valores del Estado interventor en la economía y es favorable a crear un modelo acorde con los intereses del mercado internacional, a la apertura del Estado-nación al capital foráneo. Este modelo obedece más bien a los intereses de las sociedades altamente desarrolladas y no ofrece opciones a los grupos sociales marginados.
El modelo postburocrático propone un nuevo rol para los administradores públicos, basado en una nueva actitud, consistente en: la capacidad para formular iniciativas, la flexibilidad, la sensibilidad a los problemas humanos, y la práctica de nuevas formas de conocimiento para eliminar la rutina y el "burocratismo".
La reforma regulatoria en México
Los cambios sucedidos a partir de la década de los ochenta suponen un cambio fundamental del modelo económico de una economía cerrada (regulada y protegida) a una economía abierta basada en la liberación comercial y la privatización. Resultado de esta reforma es la venta de la mayoría de las empresas paraestatales. Para l988 se habían eliminado la gran mayoría de los controles de precios. La ley de competencia creó en 1993 un marco general para hacer posible el libre mercado. Las reformas nacionales fueron impulsadas para adquirir nuevos compromisos internacionales al suscribirse México al GATT, a la APEC, a la OCDE, y al integrarsee al TLCAN y otros acuerdos de libre comercio con países latinoamericanos.
El programa de reforma regulatoria en México del último cuarto de siglo, ha sido la puerta de entrada para organizaciones internacionales. La OCDE tiene entre sus funciones apoyar a los gobiernos para que creen "regulaciones" que respondan a la visión de gobierno del neoliberalismo; supuestamente se orientada a: a) fomentar la competencia y la innovación, b) a impulsar el crecimiento económico, c) a la creación de empleos ---que evidentemente no ha ocurrido--- y a la buena gobernabilidad. Los resultados de dicho programa se fundan en: a) la autoevaluación y b) en la evaluación de los comités de la OCDE en cada país.
El Reporte de Reforma Regulatoria en México presentado por la OCDE decía que hacia el año 2000 se habían logrado:
1) reformas en los sectores de bienes y servicios comerciales, en los precios, y que se había avanzado en la política de desregulación y en la participación del sector privado.
2) También se habían efectuado reformas en el sector público para reducir intervenciones "innecesarias" en la economía, o sea, el programa de desrregulación (ADAE) de 1995 y la creación del Consejo para la Desregulación Económica a nivel de secretarios de Estado y su vinculación con los empresarios y gobiernos estatales.
3) La Ley de competencia económica de 1993 y la creación de una Comisión Federal de Competencia son parte del marco de la reforma "regulatoria" en materia económica. En ese sentido se abolieron los precios oficiales y se revisaron las licitaciones de activos públicos y transporte aéreo y de empresas.
4) se dieron también las políticas de apertura del mercado, la entrada al GATT y a la OCDE, las negociaciones del TLCAN y otros tratados de libre comercio.
